Quien viola las normas penales debe responder ante la justicia, que es la rama del poder que se encarga de restablecer el equilibrio social que se rompe por una acción penalmente punible, solo que ella requiere de un aparato que funcione efectivamente y eso es precisamente lo que no se da en Colombia.

La Fiscalía General de la Nación, que es la encargada de investigar la realización de los hechos para luego presentarlos ante los jueces encargados de aplicar la ley, funciona solo en aquellos casos publicitados en los cuales el delincuente acepta los cargos, que siempre son los menos, pero nada sucede con los centenares de otras conductas que terminan pasando de agache, hasta el extremo de convencernos que no vale la pena ni siquiera denunciarlos, como es el caso de los robos menores que a diario se cometen.

Es más, la misma policía se queja que de cada 10 delincuentes que capturan, 9 de ellos vuelven a las calles en menos de 48 horas, cosa que los bandidos saben a la perfección lo cual les da la patente de corso con que actúan.

Luego vienen los jueces, que atiborrados de trabajo o afectados por la falta de diligencia, terminan haciendo que el 96% de las cosas juzgadas no terminen en nada como una muestra de total impunidad.

Qué más puede pedir un criminal para garantizarse el éxito de su actuación delincuencial cuando además el Estado nos impide defendernos mientras que los criminales disfrutan a su antojo de las armas con que nos intimidan, las cuales consiguen en un mercado negro en donde el arrendamiento de las mismas facilita su uso.

Como puede observarse la forma de gobernarnos, en todos los órdenes, están privilegiando directa o indirectamente a los bandidos, mientras que quienes cumplen la ley y se comportan como lo indica la ética y la legalidad continuarán estando a merced de la casta mafiosa que se ha venido apoderando del país por incapacidad, por negligencia o por complicidad de los entes encargados de combatirlas.