La lucha con el predial 20 enero, 2022 by admin in Artículos de prensa El impuesto predial es un gravamen de carácter territorial que afecta a los bienes inmuebles y que se tasa sobre el avalúo catastral del mismo de acuerdo a unos porcentajes previamente definidos en la ley y determinados para cada región. El rango del impuestico, según la ley 44 de 1990 artículo 4 va desde el 1 hasta el 16 por mil y para su fijación, los Concejos Municipales deberán tener en cuenta: los estratos socioeconómicos, los usos del suelo en el sector urbano y las actualizaciones catastrales.

Ahora bien, la base fundamental que se ha tenido en cuenta para la liquidación del predial del 2022 es la actualización catastral hecha por el municipio en el 2019 con base en lo ordenado por la Ley 223/1995, artículo 79. Esta actualización debe hacerla el municipio cada cinco años mediante investigaciones y análisis del mercado, determinando además las características físicas del inmueble, el uso del suelo sobre el que está construido, avalúo que casi siempre, por no decir siempre, es inferior al valor comercial del bien.

La actualización se hizo mediante resolución de 2019, la cual fue demandada y duró suspendida hasta que el Consejo de Estado falló a favor por considerar que estaba ajustada a la ley, debiendo el municipio darle aplicación.

Este avalúo fue la base gravable sobre la cual se aplicaron las tarifas fijadas por el Concejo Municipal; entonces está en manos de éste determinar el monto de las mismas reduciendo el porcentaje por mil que debe aplicarse al avalúo catastral referido, pudiendo además definir algunos incentivos en su manejo como es aumentar el plazo y el descuento por pronto pago.

Desde luego que conociendo cómo es la relación política-impuestos cualquier rebaja que se le haga a los mismos afectará los ingresos del municipio y al haber menos plata habrá menos contratos y eso si puede perjudicar severamente los intereses politiqueros de los mismos que los fijaron.

Lo que se debe revisar es el avalúo, si existe razón para ello, reclamando en los lugares y con los formatos establecidos para el efecto y recordando que con el Estado no se dialoga, se escribe y por lo tanto, cualquier conversación que al respecto se tenga es una simple opinión no obligante.