Sentimos que ha llegado el momento de replantear el tema del ejercicio de los derechos humanos en el seno de nuestra sociedad, pues entre más sentimos el menosprecio de los mismos para quienes acatamos las leyes, más notamos cómo se incrementa la protección de los mismos para quienes las violan, generándose un desequilibrio cuya última salida terminará siendo la justicia por mano propia.

Es más, hemos llegado a un grado de insensibilidad por desesperanza que ya nadie desea denunciar los hechos de que son víctimas porque cada vez nos damos cuenta que hacerlo no conduce a nada: la criminalidad aumenta de manera exponencial precisamente al amparo de una impunidad absoluta.

Es indigno oír a las autoridades decir que no pueden hacer más alegando carecer de herramientas para hacerlo; nosotros en cambio creemos que sí se puede si se adopta una política radical en la toma de decisiones, independientemente de las enormes trabas burocráticas de todo aquello que hace el Estado.

Además, los ciudadanos en general tenemos corresponsabilidad en este asunto pues no hemos tenido el coraje suficiente para levantar la voz y exigir a quien le corresponda, que cumpla con el deber y si no que dé un paso al costado para que venga alguien que tenga el valor civil y la honestidad suficiente para coger el toro por los cuernos y entregar los resultados que la ciudadanía necesita para recuperar la confianza que se ha perdido en quienes teniendo la obligación de hacer no lo hacen.

Todos tenemos derecho a vivir y convivir pacíficamente, pero frente a las exigencias de derechos también existen reclamos de responsabilidades y si unos cumplen y otros no, todo se va al traste y la ciudadanía empieza a tener que convivir en este pandemonio que terminará, como van las cosas, en un “sálvese quien pueda”, como en el histórico lejano oriente.